Incapacitación, la vía para proteger a la persona y su patrimonio


incapacitacion

La reciente muerte de Adolfo Suárez, tras un larguísimo proceso de Alzheimer, trae a colación que hoy les hablemos de las consecuencias jurídicas que acarrean las enfermedades y minusvalías que merman la capacidad de las personas para tomar decisiones.

Puede resultar hasta cierto punto sencillo para los familiares y personas cercanas al enfermo detectar cuándo éste debe dejar de realizar ciertos actos cotidianos y, para protegerle, le impiden que los haga. Por ejemplo: para evitar que se pierda o desoriente, no le permiten conducir o salir solo a la calle; para impedir riegos para su salud, le acompañan al médico si le resulta difícil entender las recetas y cumplir lo prescrito; y para evitar que se altere porque no puede seguir las conversaciones o confunde a las personas, dejan de llevarle a reuniones familiares.

En cambio, no resulta igual de fácil proteger al enfermo ante las consecuencias jurídicas de sus actos. En efecto, cuando la capacidad de cálculo está alterada, si no se sabe discernir el valor de las cosas o no se comprende el significado de lo que se lee y se firma, actos como manejar dinero, efectuar traspasos, imposiciones, pagos y demás operaciones bancarias o firmar contratos y documentos son trámites que el enfermo no debe realizar por sí solo.

Si los efectúa sin control, puede que, por su trastorno, acabe dilapidando inconscientemente sus bienes o bien sea víctima de engaños. Todo ello puede acarrear graves consecuencias para su patrimonio, que resultará muy difícil reparar.

Si se trata de actos que requieren la intervención de un notario, como vender su piso, aceptar una herencia o cambiar su testamento, simplemente no podrá llevarlos a cabo, pues el notario no le permitirá firmar. Indirectamente, ello puede poner en apuros económicos a la familia, porque el enfermo no podrá firmar contratos ni escrituras cuando, por ejemplo, sea necesario vender o alquilar su piso para pagar los gastos de la residencia o de sus cuidados. Además, también puede repercutir negativamente sobre su negocio, si el afectado es empresario, pues no podrá transmitir sus acciones, votar en las juntas de socios ni ejercer cargos de administrador, consejero o apoderado.

El instrumento que nos permite proteger jurídicamente al enfermo es la INCAPACITACIÓN. Se trata de un procedimiento judicial encaminado a determinar qué actos puede y no puede realizar una persona respecto de sí misma y de sus bienes, estableciendo, además, la figura que velará por la adecuada protección del incapaz y de su patrimonio: la más habitual es latutela.

El juez nombrará tutor normalmente a un familiar del incapaz, quien deberá actuar como su representante legal y administrador de sus bienes. Es decir, el tutor sustituye al incapaz en casi todos los actos jurídicos que él ya no puede realizar: firmar documentos, realizar gestiones bancarias, pagos y cobros, etc … Decimos “casi todos”, porque hay actuaciones para las que el tutor necesitará siempre autorización judicial, como vender inmuebles o acciones, entre otros.

Los enfermos de Alzheimer y otras demencias son los destinatarios principales de estos procedimientos, que se han duplicado en los últimos diez años y cuyo crecimiento se prevé aún mayor debido al envejecimiento de la población. Pese a este aumento, en España hay alrededor de 800.000 enfermos con demencia que reúnen requisitos para ser declarados incapaces, pero sólo en 70.000 casos se ha instado la incapacitación, en muchos de ellos porque la necesidad económica era acuciante.

¿Por qué hay tanto recelo de las familias para plantear una demanda de incapacitación en los juzgados? Hay dos motivos principales, ambos muy humanos y comprensibles, pero erróneos:

1)      “El miedo a lo desconocido”: el tener que interponer un proceso judicial les provoca rechazo y les parece complicadísimo. ¡No lo es! El procedimiento es sencillo y está exento del pago de tasas judiciales, pues no se acude al juez para que resuelva una disputa, sino para proteger a una persona vulnerable.

2)      “El sentimiento de culpa”: a muchos hijos, maridos o esposas les parece una traición someter a su ser querido al  examen del juez y del médico forense, pues creen que van a pasar por un doloroso calvario que no merecen. ¡Nada más lejos de la realidad! Los jueces y médicos forenses que examinan a los presuntos incapaces están especializados y lo hacen con delicadeza y humanidad. No se trata de humillar ni de poner en evidencia las carencias de nadie, sino de discernir hasta dónde alcanza la lucidez de esta persona, para decidir lo que es mejor para ella.

En Estudi Jurídic Sánchez & De Canals creemos que, especialmente en los casos de incapacitación, debemos ser más que abogados. Por eso nos esforzamos para que los familiares entiendan que la incapacitación no es un castigo para su ser querido, sino una garantía para sí mismo y su patrimonio. Para ello, junto con nuestra labor técnica, realizamos un trabajo pedagógico, explicando a los familiares los detalles de cada fase del proceso, acompañándoles a los exámenes jurídico-forenses, para que no pasen ese trance solos y transmitiendo al juzgado la opinión de las familias, pues nadie conoce mejor al enfermo ni tiene mayor interés en su bienestar que sus seres más cercanos

Si en su familia existen personas con Alzheimer o demencia, no espere a que sea demasiado tarde para tomar una decisión, igual que usted protege a su ser querido en su día a día, protéjalo también a nivel jurídico. Sabemos que no es fácil dar el paso, pero en muchas ocasiones es la mejor o la única solución para velar realmente por su bienestar y patrimonio. Nosotros estamos a su disposición para ayudarle en estos trámites y hacérselos más llevaderos.

Fuente: www.estudi-juridic.com/

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